Quienes suscribimos este manifiesto, aspirantes al Congreso de la República, hemos recibido el llamado de varias Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por la promoción de los Derechos Humanos y en torno a la campaña Trabajo Decente Vida Digna, impulsada por la OIT. Se trata de movimientos sociales, sectores poblacionales, comunitarios y sociales como: Escuela Ciudadana, Campaña Trabajo Decente-Vida Digna, Foro por Colombia Capítulo de Occidente, Indepaz, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Cabildos Indígenas, Red Nacional de Mujeres, Movimiento de La No-Violencia Nodo Cali, Escuela Política de Mujeres Pazcifica, La Ruta Pacifica de Mujeres, La Mesa Municipal de Mujeres, Movimientos de Afro descendientes, Comunidad organizada LGBTI, personas en situación de Desplazamiento, Grupos organizados de Recicladores, Comités Comunales de Derechos Humanos y la Red municipal de Derechos Humanos de Santiago de Cali, entre muchas otras, llamado cuya esencia es solicitar nuestra firma en apoyo del presente Manifiesto, que se fundamenta en los siguientes
- Que en el 2010 se cumplen los primeros doscientos años de nuestra declaración de independencia nacional, efemérides que nos llena de regocijo pero que encuentra al país sin resolver aún elementales problemas derivados de inequidades acumuladas y, peor, con serios retrocesos en materia social.
- Que en el 2010 también se cumplen los diez primeros años de la proclamación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de los Objetivos del Milenio -ODM- como punto de referencia para reducir gradualmente la pobreza y la inequidad en el mundo, cuyo primer balance haremos en 2015.
- Que el Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, preparado y publicado en el año 2008, posiciona en la agenda pública regional el tema de la lucha por la inclusión de amplios sectores de la sociedad, hoy al margen del progreso ante la falta de oportunidades.
- Que desde el año 1993 la Organización de Naciones Unidas recomendó a los Estados miembro la adopción de Planes Nacionales en Derechos Humanos, alarmada por la crisis de estos sobre todo en los países emergentes, sin que hasta ahora Colombia haya adoptado un instrumento semejante.
- Que uno de los aspectos más sensibles en el tema de los Derechos Humanos, por cuanto afecta todo el compendio reconocido por la ONU como los Derechos económicos, sociales y culturales, es el relacionado con la problemática laboral que traduce el mundo del trabajo, la ocupación, el régimen salarial y prestacional, la estabilidad, la seguridad social, la dignidad humana y, en general, la posibilidad de generación de ingresos por parte de la población.
- Que, atendiendo a esta problemática, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, lanzó en el año 2000 la campaña mundial por Trabajo Decente y Vida Digna, campaña que reclama atención del legislativo y que en Colombia es liderada por la Central Unitaria de Trabajadores -Cut- y la Escuela Nacional Sindical -Ens-, entre otras.
- Que, finalmente, es deber de quienes ejercemos o aspiramos a ejercer cargos de representación por elección popular en Colombia, máxime en la rama legislativa del poder público -como en nuestro caso-, contribuir al fortalecimiento de la democracia con inclusión, equidad y disminución de la brecha social, comprometida con los propósitos del desarrollo a escala humana y en el cumplimiento de los ODM, lo cual implica proponer y aprobar en el Congreso de la República leyes e iniciativas de contenido democrático y progresista, favorables a las grandes mayorías,
Nos comprometemos, en nombre de los partidos, movimientos políticos o grupos ciudadanos que avalan nuestra aspiración, a trabajar desde el Congreso de la República para alcanzar los objetivos que propone este
MANIFIESTO:
- La lucha por la plena vigencia del Estado Social de Derecho, como escenario idóneo para hacer realidad el espíritu y la letra de la Constitución Nacional y para fortalecer las instituciones democráticas, requiere el compromiso decidido del Congreso de la República con los derechos humanos, los acuerdos humanitarios, el derecho internacional humanitario, el cumplimiento de las Metas y Objetivos del Milenio y la adopción de medidas especiales destinadas a dignificar el trabajo en Colombia.
- Por lo anterior, con la mente y el corazón puestos en tan altos designios, que hacen del ejercicio de representación política el más noble y generoso de los actos humanos por su capacidad de impactar en el sentido deseado, nos comprometemos a asumir con entereza y sin esguinces la misión de incorporar en nuestro quehacer legislativo acciones concretas y efectivas tendientes a garantizar la vigencia de los Derechos Humanos, entre ellas medidas para la protección especial y la dignificación del trabajo, y a ejercer activamente la función de control político frente a acciones, omisiones y políticas que vayan en contravía de tales propósitos.
- Especialmente, nos comprometemos a hacer un seguimiento detallado a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como a las advertencias del fallo de tutela T- 025 de 2004 en materia de atención integral al desplazamiento forzado.
- Manifestamos nuestra determinación de adecuar la legislación colombiana a las normativas internacionales protectoras de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como a debatir, concertar y aprobar un Estatuto del Trabajo que contenga los mínimos principios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional, en concordancia con los propósitos de la campaña mundial Por Trabajo Decente y Vida Digna, que impulsa la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
- Conscientes de las enormes posibilidades y de las ventajas tanto comparativas como competitivas con que cuenta el departamento del Valle del Cauca y sobre todo su capital, máxime en perspectiva de región, nos comprometemos a aunar esfuerzos y a concertar con las organizaciones sociales representativas todas las propuestas e iniciativas que puedan ser tramitadas en el Congreso de la República para hacer de esta zona del país un verdadero polo de inclusión y desarrollo a escala humana.
- Reconociendo la diversidad étnico/cultural y de cosmovisión del pueblo colombiano y la importancia capital que para estas cosmogonías guarda el tema de la tierra y el territorio, riqueza que es necesario preservar brindando especial atención a las minorías étnicas, velaremos para que no se realice ninguna obra o megaobra en territorios de resguardo, sagrados, ancestrales o comunitarios que no sean previamente autorizados por las comunidades y públicamente anunciados por las autoridades propias de los grupos poblacionales indígena, afrocolombiano, raizal y rom.
- Incoporaremos en nuestro trabajo legislativo, como hábito permanente, la perspectiva de género y la protección de la mujer como eje transversal en todo acto aprobatorio o denegatorio de leyes, y revisaremos a menudo, con objeto de mejoramiento y control de cumplimiento, la legislación penal sobre violencia doméstica y de género, así como los indicadores y cifras sobre la situación laboral de las mujeres para garantizar su no discriminación en el trabajo, según la recomendación de la OIT para la campaña Trabajo Decente Vida Digna y la proclama ODM.
- Desde el Congreso de la República apoyaremos acciones en curso como las impulsadas por familiares de personas secuestradas demandando del gobierno nacional y de los grupos armados un acuerdo humanitario que posibilite su liberación; las de los pueblos indígenas, que exigen a los combatientes el respeto de su autonomía, de sus territorios y de la integridad de sus comunidades; de hombres y mujeres del campo, que exigen el cese de los reiterados abusos de que son víctimas, y de los millones de personas en situación de desplazamiento forzado que aspiran a soluciones duraderas como garantía de vida digna.
Igualmente, consideramos necesario proponer y apoyar compromisos humanitarios para la desvinculación de niños y niñas del conflicto armado, y la plena aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
- Ante los recientes decretos legislativos en materia de Salud Pública, expedidos por el gobierno nacional en virtud de la Emergencia Social, que han sido cuestionadas por la comunidad científica y académica, los gremios vinculados al sistema, los sindicatos y asociaciones laborales representativas del sector, manifestamos nuestro deber de ejercer un control politico y pronunciarnos sobre la conveniencia y oportunidad de dichas normas en cuanto contradigan la esencia del Estado Social de Derecho, sean injustas y vayan en contravía de los propósitos aquí enunciados.
- Nos comprometemos a vigilar mas estrictamente los procesos de reincorporación a la vida civil de los grupor armados ilegales a fin de que en la aplicación de la justicia transicional no se haga nugatorio el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garatía de no repetición.
- Afirmamos que la defensa de los derechos humanos es una actividad legítima y un deber ciudadano, razón por la cual nos comprometemos a impulsar una legislación que reconozca la labor de quienes así lo hacen, bien sean de los mundos sindical, social, indígena, campesino, afrodescendiente, de mujeres, de la comunidad LGBT, de la discapacidad y otros sectores vulnerables, y así mismo obligue a las autoridades a colaborar con esta causa y sancionar a quienes atenten contra ella.
- Frente a hechos recientes ocurridos en el país por la desviación de actividades de inteligencia militar, policial y del Das, nos comprometemos a revisar profundamente esa actividad de seguridad nacional y a legislar en sentido democrático sobre ella, adecuando su funcionamiento a la necesidad de garantizar los derechos humanos. Por otro lado, nos comprometemos a fortalecer la justicia ordinaria y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a fin de contrarrestar los preocupantes indices de impunidad registrados en Colombia.
Al considerar que este manifiesto constituye buena síntesis de un programa político ejecutable por cualquier democráta, reafirmamos nuestro respaldo al mismo, y propiciaremos regularmente encuentros con organizaciones no gubernamentales, sindicatos, ligas campesinas, grupos académicos, organizaciones y defensores de derechos humanos y, en general, con todos los sectores interesados en aportar conceptos u opiniones y hacer seguimiento a la agenda aquí esbozada, en nuestro trabajo legislativo.
Nos comprometemos entonces, con nuestras firmas al pie, a difundir y hacer realidad los objetivos expuestos en esta declaración y ratificamos el propósito de legislar con responsabilidad, sobre bases democráticas y garantistas, absteniéndonos de adoptar medidas que resulten discriminatorias, regresivas o contrarias a los fines aquí enunciados.
Dado en Santiago de Cali, al primer día del mes de marzo de 2010.
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